Internacionales
Avanza en la Justicia cordobesa una causa contra los golpistas de Bolivia
Añez y sus colaboradores son acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la nación andina durante el golpe de Estado que derrocó al expresidente Evo Morales.
El abogado cordobés Rafael Ortiz, representante de las víctimas de la represión en Bolivia durante el golpe de Estado de noviembre de 2019, urgió al Senado de aquel país para que envíe el último informe producido sobre los crímenes cometidos por el gobierno de facto de Jeanine Añez. La causa, en la que se pide se investiguen los delitos de lesa humanidad, está siendo impulsada en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, desde 2019. El proceso legal está radicado en el Tribunal Federal de Córdoba a cargo del Juez Alejandro Sánchez Freytes, a la espera de la resolución de la Cámara Federal Sala B. El tribunal ya aceptó como “amicus curiae” a Nora Cortiñas y a una serie de organizaciones de Derechos Humanos. Ortiz, abogado de la querella, representa a la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares y -en ese carácter- fue invitado especialmente a la asunción del actual presidente constitucional Luis Arce el pasado 8 de noviembre.
La denominada “jurisdicción universal” para delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos es la que permite a la Justicia argentina llevar adelante la investigación. Avalados en esta normativa, el Comité de Solidaridad presentó en noviembre de 2019 una querella contra el gobierno de facto. Ahora, y con la recuperación de la democracia en Bolivia, los denunciantes esperan la agilización del proceso.
En una nota con AM530 Somos Radio, el abogado Ortiz explicó que –en momentos en que la situación en Bolivia ha evolucionado favorablemente- esperan “conseguir los informes para que haya investigación y juicio al gobierno de facto y las fuerzas represivas por lo ocurrido durante el golpe”. “Todavía no hemos recibido el informe desde el Senado boliviano –explicó Ortiz- y nos serviría para impulsar nuestra causa. Sí hemos visto que el actual gobierno democrático promovió el enjuiciamiento y la detención de un jefe militar en Cochabamba y lo mismo ha hecho con Iván Rojas, brazo ejecutor de la represión. Todo esto es muy positivo para impulsar nuestra investigación”, dijo.
El letrado agregó que “en un marco de no injerencia, vemos con preocupación la permanencia de más de 1.500 presos políticos, que aún están detenidos en Bolivia”. “La Justicia boliviana –se lamentó- es la gran ausente en todo esto y, si allá no se pone en marcha, vamos a avanzar en el marco de la justicia universal para que no haya impunidad”. Ortiz destaca que la Justicia argentina puede interceder ante este tipo de delitos, tal como ya lo hizo con los crímenes del franquismo o el genocidio armenio. La presentación que lidera el abogado está solicitando a la Cámara Federal cordobesa que cite a Añez y a otros acusados; además de pedir que se investiguen las circunstancias del asesinato del periodista argentino y colaborador de Página/12, Sebastián Moro (40 años), quien llevaba dos años trabajando en Bolivia y, durante la represión desatada para derrocar al presidente Evo Morales, fue encontrado inconsciente por un colega. Internado posteriormente en un hospital estuvo varios días en coma hasta que falleció, según los médicos, como consecuencia de los golpes recibidos.
Denuncias en Argentina
Originalmente existieron tres denuncias en la Justicia argentina contra los delitos de lesa humanidad cometidos en Bolivia. La primera fue formulada por miembros de la comunidad boliviana ante el Juzgado Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Servini de Cubría. El fiscal Guillermo Marijuan inmediatamente pidió la desestimación de la causa aduciendo «imposibilidad para proceder». La magistrada dio lugar al pedido del fiscal y rechazó la presentación. La segunda fue llevada adelante en CABA por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ante el juez Criminal y Correccional Federal Nº 8, Marcelo Martínez de Giorgi. Ante la similitud con la causa iniciada en Córdoba (la tercera), el juez pidió su unificación. Ahora el proceso legal avanza en el Tribunal Federal de nuestra provincia.
